La detención del vicealmirante Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, representa el arresto de más alto rango bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en su campaña contra el huachicoleo. El fiscal general Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunciaron el operativo, advirtiendo que se ordenarán arrestos de "muchas más" personas involucradas en redes de robo de combustible entre México y Estados Unidos.

La investigación se inició tras la interceptación del buque petrolero Challenge Procyon en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que transportaba 10 millones de litros de diésel robado, uno de los decomisos más grandes en la historia reciente del país. Los fiscales alegan que los acusados coordinaban con funcionarios de aduanas para permitir el paso de camiones cisterna con combustible ilícito a cambio de sobornos de hasta 90,000 dólares por envío.

El 9 de septiembre, tras una audiencia judicial de 18 horas, un juez federal ordenó que Farías Laguna y otros nueve acusados enfrentaran juicio formal. El robo de combustible ha costado a la petrolera estatal Pemex 3,800 millones de dólares en los últimos cinco años. Gertz Manero enfatizó que estos son "casos aislados" dentro de las fuerzas armadas, aunque críticos señalan que el operativo subraya la profundidad del problema de corrupción.

El huachicoleo ha evolucionado de un delito localizado de pequeña escala a una empresa criminal nacional que rivaliza con el narcotráfico en rentabilidad y control territorial, según análisis de InSight Crime publicado el 29 de septiembre. La modalidad de "huachicol fiscal", que involucra importación y reventa ilegal de combustible a través de canales aduaneros corruptos, ha contribuido a un aumento del 33% en pérdidas relacionadas con combustible entre 2024 y 2025, consolidándose como la fuente de ingresos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles mexicanos.